Ciudad de México
Agencias
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó esta tarde la instalación y primera sesión de la Comisión de Amnistía, responsable de analizar los casos propuestos por el Ejecutivo, en que proceda el beneficio de la liberación anticipada a reos acusados de delitos menores.
Luego de calificarde histórica dicha sesión, la funcionaria afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un firme compromiso de velar por una justicia social que atienda cualquier caso que se le presente, desde el encarcelamiento injusto de un campesino indígena que no tuvo una adecuada defensa o el de una mujer que aborta y es criminalizada.
“El fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia se ha convertido en una prioridad para este gobierno sobre todo para el acceso a la justicia de todo mexicano y mexicana sin importar su situación económica y es un compromiso que hoy se vuelve realidad.
Esta instancia, creada para dar cumplimiento a la Ley de Amnistía aprobada el pasado 22 de abril por el Senado, tendrá hasta 4 meses para resolver una petición de libertad, aunque su decisión no será definitiva debido a que la someterá a consideración de un juez federal.
La Comisión es presidida por la Secretaría de Gobernación y contó con la participación esta tarde de los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de Bienestar, María Luisa Albores; así como de los institutos nacionales de las Mujeres, Nadine Gasman y De Pueblos Indigenas, Adelfo Regino Montes.
Gobernación tiene voto de calidad en caso de empate entre los miembros de la comisión y, a su vez, informará de los expedientes analizados al Presidente de la República y al Congreso de la Unión.
“Es importante señalar que como lo indica la Ley de Amnistía, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de reinserción social de las personas beneficiarias”, explicó la secretaria.
Agregó que ya cuentan con 2 mil 487 solicitudes de amnistía, de las que 56 son del fuero federal, 2 mil 16 del fuero común, 496 no se identifica el fuero, y 9 ya habían alcanzado su libertad.
Por otra parte, el secretario Alfonso Durazo Montaño subrayó que con la figura de amnistía no se pretende liberar delincuentes, sino constituir un mecanismo para brindar una segunda oportunidad a quienes por necesidad o temor han sido obligados a cometer actos ilícitos.
“Como representantes de este gobierno tenemos una responsabilidad con las y los mexicanos para garantizar seguridad y paz basados ante todo en principios de justicia. En conjunto con el Poder Judicial nos toca ser pieza clave para empezar a aplicar la Ley de Amnistía y brindar esa segunda oportunidad a las víctimas del sistema”, añadió.
La Ley aplica en los casos previstos en el artículo 1, que son delitos relacionados con aborto; delitos en contra de personas indígenas que durante su defensa no contaron con intérpretes y delitos cometidos por robo simple y sin violencia.
De igual forma, delitos que caigan en materia de los artículos 194 y 195 del Código Penal Federal, por una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.
En la reunión virtual, la secretaria Sánchez Cordero nombró a Paulina Téllez Martínez, actual titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, como secretaria técnica de la Comisión de Amnistía.
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