A ocho meses del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, los grupos del crimen organizado han enfocado su crueldad en el último eslabón de la política mexicana: los alcaldes.

CDMX

Fuente: excelsior.com

Desde plagios hasta ataques armados, los presidentes municipales del país se encuentran vulnerables ante los embates de sujetos que no discriminan partido, religión o clase social.

El caso más reciente ocurrió el pasado 17 de junio, en Tepalcatepec, Michoacán, donde sujetos armados ejecutaron a la alcaldesa Martha Laura Mendoza (Morena), cuando salía de su domicilio junto con su esposo.

Desde ese momento, varios ediles muestran preocupación ante el aumento de la violencia en su contra.

Arturo Alvarado Mendoza, sociólogo, especialista en justicia, derechos humanos y seguridad de El Colegio de México (Colmex), aseguró que la violencia política, en particular el asesinato de alcaldes, se atribuye al crimen organizado, con diversos factores contribuyentes, como el control de los recursos municipales, el territorio y la administración.

    “(Es importante ver) los recursos que se manejan dentro del ayuntamiento, también la necesidad de controlar el territorio como parte de las actividades criminales o de controlar a la administración misma.”

El especialista aseguró que una de las circunstancias para que estos crímenes imperen en el país es que en muy pocas ocasiones hay consecuencias.

    “Es un fenómeno que ocurre con sistemática impunidad en el país. Prácticamente, ninguno de los casos que han estado ocurriendo en los últimos 10 años se ha resuelto”, afirmó.

Lo anterior, explicó, contribuye a que las víctimas no sólo sean funcionarios, sino también sus familiares y allegados políticos.

PUGNAS INTERNAS

Para Manuel Pérez Aguirre, investigador asociado en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, la violencia en contra de ediles no es impulsada únicamente por el crimen organizado, sino que también implica luchas políticas internas entre partidos y facciones, especialmente en las zonas rurales.

    Ocurre esto de las familias, que ya han pasado de partido tres décadas, o sea, la misma familia gobernando… muchos que se pelean con otra familia y ahí van alternándose”, apuntó.

    “Esta dinámica que pasa a ser mucho más de cacicazgos ya estaba, pero se está acelerando”.

Pérez Aguirre destacó que el hecho de que Morena adopte las prácticas asociadas al PRI, como la de vender candidaturas, podría afectar directamente a los políticos locales.

    “Está muy documentada esta situación de: ‘vendo candidaturas para olvidarme del problema, pero a la vez me tienes que dar votos’”, expuso.

    “También hay élites nuevas… los operadores o la gente que creció con el partido desde antes de que llegaran a la transformación también están recibiendo premios políticos”.

SIN PROTECCIÓN

Desde la llegada de Sheinbaum a la presidencia, el pasado 1 de octubre, han sido asesinados ocho alcaldes: tres, en Oaxaca; dos, en Michoacán; dos, en Guerrero, y uno en San Luis Potosí.

De estos, tres formaban parte de las filas de Morena; dos estaban con el Partido del Trabajo (PT), un aliado del oficialismo; dos, se esgrimían bajo el formato de Usos y Costumbres, y uno estaba respaldado por la coalición PAN-PRD-PRI.

Tanto Pérez Aguirre como Alvarado Mendoza coinciden en que los municipios son particularmente vulnerables, debido a la escasez de recursos y la insuficiencia de las fuerzas policiales.

    “Hay un deterioro profundo en el sentido de la protección a las autoridades y también lo que se está manifestando es, claramente, la fragilidad y la vulnerabilidad en la que trabajan buena parte de los funcionarios públicos locales”, señaló Alvarado.

Según los especialistas, no sólo se deben reforzar las instituciones judiciales federales, como la Guardia Nacional (GN), pues si los gobernadores no buscan llevar ese apoyo a las localidades, éstas se encuentran completamente desprotegidas.

El deterioro de las fuerzas policiales municipales, incluyendo su falta de recursos, capacitación y vulnerabilidad a ser capturadas por organizaciones criminales, también se identifica como un factor contribuyente significativo.

    “Un problema fue darle demasiado poder al municipio, que no está capacitado para asumir. Uno de los problemas más grandes de la seguridad de México es que los policías sean municipales. Simplemente no tienen la capacidad ni la fuerza”, puntualizó Pérez.

Los expertos consideraron que, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los gobernantes buscan que las policías trabajen con muy poco presupuesto, por lo que es casi imposible brindar seguridad.

   “Es muchísima responsabilidad en territorios muy amplios, con un montón de problemas, sin las herramientas para hacerlo, sin los recursos”, dijo.

    “En el sexenio anterior los dejaron bastante cortos de recursos a todos los alcaldes… hay poco dinero, hay mucha responsabilidad. Todas estas situaciones los dejan muy vulnerables”.

Alvarado destacó que las policías municipales “han perdido recursos, han perdido capacidades; la administración policial ha estado sujeta a muchos vaivenes, no sólo por el uso político de ella, sino por los cambios que ha habido en los modelos de trabajo con las policías”.

Y es que desde enero de 2009 se incluyó la responsabilidad directa de los tres niveles de gobierno de profesionalizar sus cuerpos policiales, con la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunque se establecieron castigos de hasta ocho años de prisión a quienes tengan mandos sin la certificación correspondiente, Excélsior dio a conocer que los gobernadores, por ejemplo, jamás cumplieron con su obligación de entregar al Senado la información puntual del estado de su fuerza policial, a pesar de que el mandato emanó de la Constitución.

ENFOQUE MULTIFACÉTICO

Debido a la constante criminalidad en los municipios, los especialistas concluyeron que se debe abordar con un enfoque multifacético.

Lo que incluye combatir al crimen organizado, fortalecer las fuerzas policiales locales y mejorar la rendición de cuentas en los gobiernos municipales.

    “Hay muchas cosas que se deben hacer, pero para empezar sí debe haber una estrategia de seguridad clara, de reducción, de combate al crimen organizado.

    “Por otro lado, crear capacidades a nivel estatal, municipal, central, para la construcción de capacidades nacionales… se ha concentrado muchísimo la política de seguridad en la federación. Cuando la Federación sólo es una parte o un componente del modelo de seguridad”, detalló Alvarado.

   “La mayoría de los conflictos y delitos deben ser atendidos por policías municipales y fiscalías estatales. Allí están las mayores necesidades y carencias”.

Mientras que para Pérez Aguirre es necesario la eliminación de las fuerzas policiales municipales en favor de un mando unificado, el aumento de los recursos para los municipios y la posible limitación de la reelección de alcaldes para reducir los incentivos a la corrupción y la violencia.

    “Debería considerarse la situación de tener una responsabilidad en el municipio de las policías. En muchos otros países hay policías de proximidad, solamente que no dependen del municipio”, apuntó.