CIUDAD DE MÉXICO.
AGENCIAS
El pleno del Senado culminó el proceso de la reforma que permitirá al Estado mexicano revocar los contratos petroleros que tienen particulares, si la autoridad considera que sus actividades ponen en riesgo la seguridad nacional, y permite que Petróleos Mexicanos (Pemex) se quede con las instalaciones de los particulares a quienes se les retiren los permisos para trabajar en el país.
“Esta regla es prácticamente una requisa”, destacó el perredista Juan Fócil, mientras que la priista Claudia Ruiz Massieu detalló el grave peligro que corre México en los órganos de controversia internacional, por violar flagrantemente los tratados internacionales.
Aprobada con 64 votos en favor, 47 en contra y seis abstenciones, la reforma a la Ley de Hidrocarburos fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ese momento podrán presentarse los recursos judiciales para suspenderla, explicaron las y los senadores de oposición.
“La autoridad competente procederá a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía”, precisa el artículo Cuarto Transitorio.
Y en el Sexto Transitorio dice que “a la entrada en vigor del presente Decreto se revocarán los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos”.
Aunque las y los senadores de Morena negaron que esta reforma implique una expropiación, el nuevo texto dice que “en relación con los permisos a que se refiere esta Ley, la autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros”.
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